Entre 2020 y 2021, algunos estados de la República han aprobado reformas para que los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG) queden prohibidos y se sancione severamente a quienes los impartan.
La Ciudad de México se convirtió en el primer estado en prohibir las terapias de conversión el 24 de julio de 2020, cuando el Congreso local aprobó una iniciativa que sanciona a las personas que imparten ECOSIG, las cuales pueden recibir penas de entre tres y cinco años de prisión; en caso de que la víctima sea menor de edad, las penas aumentarán al doble.
El Estado de México fue el segundo estado en prohibir los ECOSIG en octubre del 2020. En 2021 se sumaron a la lista de entidades que prohíben y sancionan estas prácticas los estados de Baja California Sur, Zacatecas, Yucatán, Colima y recientemente Tlaxcala.
En siete estados ya se prohíben los ECOSIG y es un avance importante. Sin embargo, no podemos dejar de preguntarnos ¿Qué hace falta para que estas prácticas inhumanas - medicación forzada, privación de la libertad, coerción e incluso electroshocks, exorcismos y ataques sexuales - se prohiban en absolutamente todo el país?
Valorar y defender nuestro derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad implica reconocer y defender el mismo derecho para los demás. Hacer valer los derechos humanos es tarea no solo de los Estados, es tarea de todos.
Senadoras de distintos grupos parlamentarios estamos comprometidas con impulsar la iniciativa para prohibir los ECOSIG y sancionar sus prácticas en todo el país, y continuaremos promoviendo que sea sometida a consideración en el pleno. No hay nada que curar y aún queda mucho por hacer para eliminar el prejuicio y la discriminación y abrazar la diversidad.
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