En el marco de la semana nacional de ciberseguridad 2022 y ante el incremento de ataques cibernéticos a entes públicos y privados, es relevante recordar y denunciar que el cibercrimen es delincuencia organizada, transnacional y altamente especializada, por lo que representa un riesgo urgente de atender.
Vamos tarde para determinar las mejores estrategias que faciliten su prevención y combatan sus efectos en la sociedad, debemos hacer frente a la falta de legislación adecuada en nuestro país e incentivar una visión de futuro.
La naturaleza sin fronteras, ni límites geográficos del ciberespacio, representa uno de los mayores retos en el combate al cibercrimen y nos obliga a pensar en la cooperación internacional como un instrumento obligatorio para atender este fenómeno.
El trabajo colaborativo entre naciones debe verse reflejado en la homologación de los marcos de gobernanza de internet, las leyes locales y la asistencia mutua en situaciones de emergencia. Compartir información de vulnerabilidades, inteligencia, tecnologías y mejores prácticas -prevención de ciberataques o facilitar la obtención de evidencia digital- debe ser prioridad entre la comunidad internacional.
Dicho esto, es importante resaltar la importancia del Convenio de Budapest, el primer tratado internacional destinado a atender la ciberdelincuencia, y que además es el tratado sobre ciberdelincuencia más ratificado en la actualidad. De acuerdo con el Consejo de Europa, en junio de 2021, 68 países ya formaban parte. Sin embargo, México sigue sin adherirse a pesar de haber sido invitado a hacerlo en diversas ocasiones.
Adherirse al Convenio es más importante que nunca, ya que, en el Índice de Ciberseguridad Nacional de la e-Governance Academy, México obtuvo una calificación de 37.66 puntos de 100, es decir, se sitúa por debajo de la media global. Esto quiere decir que nos encontramos en el sitio 84 de 160 países.
El índice también reveló que de 2019 a 2021 México perdió 19 escalones en el ranking internacional de ciberseguridad. En lugar de avanzar, estamos retrocediendo en este y muchos otros aspectos que dependen de la seguridad de nuestro país. Por otro lado, el reporte de Silikn, arrojó que de enero a agosto de este año, los ataques al gobierno incrementaron 82.1% comparado con el mismo periodo del año anterior.
Diversas instituciones como el SAT, CONDUSEF, la Lotería Nacional o Banxico, han sido víctimas de ciberataques y, en últimas fechas, la vulneración de los sistemas informáticos de la SEDENA dejó en evidencia la debilidad de la estrategia de ciberseguridad de nuestro país.
Si queremos hacer frente y ganar la batalla contra el cibercrimen, debemos echar mano de la cooperación internacional. Fomentar la cooperación entre naciones es precisamente uno de los objetivos del Convenio de Budapest. En su último eje, el Convenio contiene las normas de cooperación internacional para investigar cualquier delito que involucre evidencia digital, ya sean delitos tradicionales o informáticos.
Al unificar las normas procesales de aquellos delitos que contengan evidencia digital y tipificar conductas de delitos informáticos en todos los países, lograremos implementar una visión de futuro y de largo plazo, que promueva procesos penales ágiles y eficientes, además de la cooperación internacional.
La cooperación internacional es obligatoria en el combate al cibercrimen.
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