Estos últimos días en redes ha surgido el movimiento #MetooMéxico a través del cual muchas mujeres han levantado la voz para denunciar la violencia sexual, física, emocional y psicológica en ámbitos tan diversos como: la literatura, el cine, la academia, las empresas de tecnología, el periodismo, el activismo y la política. Leer los testimonios, el dolor y la soledad en la que muchas de ellas tuvieron que soportar y callar - porque quienes abusan cuentan con el silencio de sus víctimas - , duele no solo como mujer y mamá, sino como funcionaria pública, y como parte del ecosistema de la tecnología. Y es que dos cosas han quedado claras: una, que la intersección de la tecnología con la violencia contra las mujeres ha servido en muchas ocasiones para exacerbar esta violencia; y dos, que las mujeres han recurrido a la denuncia en redes, muchas veces de manera anónima porque no han encontrado en el Estado y sus instituciones las redes de apoyo,  una respuesta a sus demandas y un refugio de sus agresores.


A través de los testimonios ha quedado claro que si bien la tecnología - en particular Internet - ha ayudado a amplificar estas denuncias y a tejer redes de sororidad y protección, también ha servido como un habilitador para acosar, fiscalizar y violentar a las mujeres. Y es que mucho de lo relatado en redes tiene que ver con el acoso a través de redes sociales, de mensajes de texto, difusión de fotografías digitales, etc. Estas no son situaciones aisladas: en 2018, las organizaciones Social TIC, Luchadoras y la Asociación por el Progreso de las Comunicaciones, publicaron un reporte en el que pudieron identificar 13 formas de acoso que incluyen: el acceso o control no autorizado; el control y manipulación de la información; el monitoreo y el acecho; las amenazas, la difusión de información personal o íntima; el desprestigio; el acoso; o el abuso sexual a través de la tecnología.


Estas son conductas que ocurren en línea; sin embargo, existe también otra intersección que no podemos pasar por alto: quién y cómo se diseñan los productos de la tecnología. Y es que estos pueden ser herramientas que exacerban las violencias ejercidas contra las mujeres: el acoso, el abuso sexual, psicológico y emocional e incluso el físico. Por ejemplo en una nota del NYT reportaba que las aplicaciones de las casas inteligentes estaban siendo utilizados para ejercer violencia en contra de las mujeres a través del control automatizado y a distancia de funciones  como la temperatura, las puertas y seguros de la casa.


Lo he repetido ya en varias ocasiones: la tecnología no es neutral. Entre más tiempo tardemos en reconocerlo,  más nos tardaremos en generar respuestas pertinentes y eficientes. Justo tomando en cuenta esta realidad, el Oxford Internet Institute, publicó en 2017 un blog con notas derivadas de un taller para explorar la ética en el diseño de tecnologías en contextos de violencia de género. Lo primero que resaltaron es por supuesto, que no existe la perspectiva de género en el diseño de la mayoría de los productos tecnológicos, particularmente de los que están al alcance de la mayoría de las personas. De este taller surgieron recomendaciones para quienes diseñan la tecnología, algunas de estas son:  


Predecir las consecuencias no deseadas: los productos tecnológicos son diseñados con un uso en específico en mente, pero quienes las usamos tenemos la capacidad de improvisar y adaptar sus usos para muy distintos fines. Por ejemplo, los abusadores domésticos en el artículo del NYT utilizaron las aplicaciones de la casas inteligentes para vigilar, controlar e incluso encerrar a sus parejas dentro de sus casas.

Cuestionar las especificaciones que se establecen por defecto, particularmente en contextos de violencia de género: hay especificaciones automáticas que las aplicaciones tienen por default y para las que es necesario tener cierto conocimiento para modificar. Por ejemplo, que los mensajes de texto o de aplicaciones como whatsapp aparezcan completos en la pantalla de los teléfonos; o que se guarden las ubicaciones de dónde estuviste. Estas especificaciones, pensadas en contextos neutrales parecieran ser inofensivas, pero en contextos de violencia de género pueden poner en riesgo la seguridad e integridad de las mujeres.

Considerar que inclusión no significa generalizar: en ocasiones crear aplicaciones para un público en general, pueden implicar obstáculos para que determinada comunidad acceda a ciertos servicios.

Considerar el co-diseño de los productos tecnológicos: incorporar a las comunidades y a distintos grupos sociales, particularmente a grupos históricamente excluidos y vulnerados, en los procesos de planeación y diseño de los productos.

Incorporar estas consideraciones podría mejorar sustancialmente los procesos de diseño y hacer más seguras a las tecnologías. Sin embargo, estos cambios tienen que ir acompañados también de  un proceso de transformación política, social y cultural: debemos de  revisar  con perspectiva de género nuestras relaciones de poder, pareja, trabajo, amistad y comunicación. Debemos de  asumir que no solo en los mensajes, sino también en los canales, pueden mejorar los niveles de bienestar y seguridad de las mujeres. Esta transformación debe partir del reconocimiento de que las instituciones del Estado, y quienes trabajamos en ellas, hemos fallado a las mujeres víctimas que hoy utilizan las redes sociales para exponer a sus agresores.

Los movimientos como #MeToo han surgido en parte porque no hemos sabido proteger a quienes sufren violencia,  las hemos revictimizado, desamparado y hecho pasar por procesos de impartición y procuración de justicia que no son sólo ineficaces, sino violentos para las víctimas. Esta es una deuda que en el primer Congreso paritario tenemos con las mujeres de México, una deuda que lucharemos por saldar.