La LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, que comenzó actividades el 1 de septiembre, esta es una legislatura histórica. Por primera vez en nuestro país, la integración tanto de la Cámara de Diputados como de la de Senadores está prácticamente equilibrada en cuanto al género de sus integrantes.

La paridad entre mujeres y hombres que tenemos el día de hoy en el Congreso es resultado de años de activismo por parte de movimientos sociales, representantes de la sociedad civil y legisladoras: la Constitución y la normativa electoral tuvieron que reformarse para asegurar nuestra inclusión. Es un logro que debemos destacar, pero sin perder de vista que las décadas de infrarrepresentación de las mujeres en el Poder Legislativo han derivado en leyes discriminatorias que aún perduran.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha identificado códigos penales a nivel estatal en los que el castigo por robar una cabeza de ganado es más grave que el de matar a una mujer, y donde las mujeres reciben castigos más severos por cometer el mismo delito que un hombre. En México persisten leyes machistas.

Sí, las mujeres hemos logrado una representación histórica en el Congreso, pero aún quedan pendientes. Los partidos ya eligieron a sus respectivos coordinadores parlamentarios —quienes conducirán la relación de su grupo con el resto de las fracciones y participarán en la Junta de Coordinación Política—. Todos, a excepción de la coordinadora de un partido, son hombres. Para tener una representación íntegra no basta con que las mujeres tengan acceso a posiciones legislativas, también deben formar parte de los órganos estratégicos y de gobierno del Congreso.

La inclusión y representación en el Congreso son necesarias para emprender acciones que terminen con la discriminación de las mujeres en los espacios de trabajo. Es vital para erradicar la violencia de género y los feminicidios. Para terminar con la criminalización del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Para dejar de acusar a 500 mujeres por año a nivel nacional por el delito de aborto. Para establecer horarios y modelos de trabajo que no discriminen indirectamente a las mujeres en roles de cuidado.

Tenemos que defender los espacios ganados y abrir —si es necesario derribar— las puertas de aquellos que aún permanecen cerrados. Solo así podremos impulsar una legislación vanguardista, progresista, con enfoque de género, que priorice la diversidad, los derechos humanos y fomente la inclusión de las mujeres en todos los aspectos sociales, económicos y políticos de nuestro país.